Madrid, 4 de Diciembre de 2019. La delegación de la Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC denunció hoy en la COP25 en Madrid que la generadora, de capitales franceses, ENGIE, está usando la actual crisis-socioambiental en Chile para poner en tela de juicio sus compromisos de descarbonización de las zonas de sacrificio.
La empresa ya cerró dos de sus centrales más contaminantes en Tocopilla en Junio pasado y se comprometió con el cierre de las dos restantes al 2022, no obstante, hoy el medio nacional El Mercurio informó que basado en la crisis socioambiental en Chile, desde la empresa no están seguros de poder concretar dichos planes, ni menos de adelantarlos como ha sido el llamado desde la presidencia de la COP25. La firma, es la misma que pese a que cerró dos centrales en 2019 por una 170MW de capacidad, entró en operación una nueva central llamada Infraestructura Energética Mejillones en mayo de 2019, la más grande central termoeléctrica jamás construida en Chile con 375MW de capacidad la que aumenta las emisiones del país. Por otro lado, Engie además tiene otra unidad aprobada ambientalmente con una capacidad por 375MW también en Mejillones. Actualmente no se sabe el futuro de dicho proyecto. Engie, después de AES GENER, es la segunda responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía.
“Con eso se constata la fragilidad de los compromisos asumidos en el plan de descarbonización y que éstos estén en manos de los accionistas de Engie. La ambición climática de Chile debería estar asegurada en una ley, a lo menos, y no estar sujeta a las decisiones de las empresas”, dijo Samuel Leiva, vocero de SCAC en Madrid.
Desde el SCAC solicitan que Engie renuncie a la construcción de su segunda central aprobada en Mejillones ante la autoridad ambiental y demostrar su compromiso ambiental global de una vez por todas. Hernán Ramírez de Fundación Terram agregó que “El fantasma de la recesión económica en Chile no puede ser usado para postergar los compromisos de descarbonización al mismo tiempo que se sigue sacrificando a las comunidades en las zonas dónde operan sus centrales a carbón”.
Finalmente, desde la delegación de SCAC en Madrid, pidieron que el ministerio de Energía tome un rol activo y no de mero observador del compromiso de descarbonización, al garantizar su cumplimiento a través del desarrollo políticas públicas que empujen su aceleración al año 2030.
