SCAC pide sacar el TPP-11 de la tabla, cerrar inmediatamente termoeléctricas obsoletas, integrar el cuidado del medio ambiente en el proceso constituyente y firmar el Acuerdo de Escazú
Este lunes 25 de noviembre, integrantes de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), representados por Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA; Ángela Valenzuela, vocera del movimiento Fridays for Future en Chile y Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable, asistieron a la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales con el propósito de exponer las demandas ambientales frente al escenario país.
Los representantes de la sociedad civil expusieron su postura a favor del proceso constituyente, apuntando que existe la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa, con una convivencia democrática que pueda dar estabilidad al país, tomando en consideración que, si bien dicho proceso es de larga data, hay una serie de temas urgentes que no pueden esperar en materia medioambiental.
Demandas a corto Plazo
Dentro de la agenda de corto plazo, Sara Larraín, puso el foco en la necesidad de terminar con las zonas de sacrificio, cerrando de forma inmediata las centrales a carbón obsoletas que tienen más de 40 años, y no aplazarlo hasta el 2025 como aparece en el programa de gobierno.
Adicionalmente, solicitaron contar con un cronograma de cierre para las carboneras restantes; un proyecto de ley para establecer que las normas de emisión y de calidad del aire según los de la estándares OMS; y exigir que en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema por el caso de la Contaminación en Quintero y Puchuncaví, se incorporen las medidas necesarias ejecutar la sentencia. Sumado a ello, se pidió acelerar la legislación para enfrentar la crisis hídrica, contribuir a reducir la vulnerabilidad en esta materia y la adaptación al cambio climático. Esto, a través de la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Glaciares, concluir la votación de la Reforma al Código de Aguas y formular una opción para la gestión integrada y participativa de cuencas.
Por otro lado, Larraín señaló la urgencia de retirar los proyectos que profundizan el extractivismo y la degradación ambiental, como es el proyecto de ley Pro-Inversión, el proyecto de ley que introduce modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre Protección de Glaciares y al proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas y el TPP-11; al mismo tiempo de exigir la firma del Acuerdo de Escazú.
Mediano Plazo
En cuanto al mediano plazo, Ángela Valenzuela, señaló que, sumado al cronograma de cierre de las termoeléctricas a carbón, se debe generar una transición justa hacia energías renovables no convencionales, poniendo el foco en los trabajadores y apuntando a la necesidad de no generar nuevas zonas de sacrificio. “Tenemos que hacer partícipes a las personas que viven en los territorios (…), para que puedan tener voz y decisión sobre lo que está pasando”.
Además, la vocera de Viernes por un Futuro pidió generar una legislación que entregue protección efectiva a los humedales, considerando como “fundamental proteger estos ecosistemas que sustentan la vida en el planeta, sobre todo en el contexto de la crisis climática y la sequía que estamos enfrentando”, señaló Ángela, criticando que en la actualidad de los 18 mil humedales existentes en el territorio, solo un dos por ciento cuente con protección.
Respecto al proyecto de ley de Cambio Climático, en el cual la SCAC realizó observaciones, se destacó el aspecto que apunta a la participación ciudadana. “En la crisis social actual deben existir espacios ciudadanos de participación (…), en esta nueva transición, la gente debe sentirse incluida en este futuro, en la ley de cambio climático y en el proceso de los NDC”, planteó Valenzuela, haciendo hincapié en que existen solo ocho años para poder implementar acción climática y con ello, poder permanecer bajo los 1,5 grados.
Aspectos Constitucionales
Ezio Costa, planteó una serie de propuestas con la finalidad de mejorar la legitimidad del acuerdo adoptado semanas atrás por el Congreso, apuntando que resulta fundamental asegurar la paridad de género en el órgano constituyente, asegurar la plurinacionalidad a través de la representación de los pueblos indígenas y la competencia de una lista de independientes, que deban juntar un menor número de firmas que lo establecido en la actualidad en los sistemas de elección de parlamentarios.
“Si se replica exactamente la norma de elección de diputados en la elección de la asamblea o convención constituyente, lo más probable es que la distribución de poder sea exactamente la misma que tenemos hoy en día y eso va a generar un conflicto”.
Adicionalmente, Costa pidió que se amplíe el derecho a voto a los menores de edad, considerando los problemas de la legislación que hacen imputables a las personas de 14 años. “Por tanto, si la idea es mantener esa imputabilidad; nos parece que esas personas también deberían poder votar y tener los mismos derechos que los deberes que tienen”, indicó, al mismo tiempo de apuntar a que para este caso, la votación debiese ser de carácter obligatorio a fin de tener una mayor validación y participación.
En materia ambiental, el Director Ejecutivo de ONG FIMA, consideró crucial que en la nueva Constitución se elimine la propiedad privada del agua y se cambie de esta manera la gestión de la misma.
“La modificación del Código de Aguas queda muy corta respecto a los problemas que tiene, y requiere cambios constitucionales para mejorar. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un problema en su configuración, en como está redactado; y esperamos que en la nueva Constitución se redacte como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconociéndose los derechos de la naturaleza como un complemento a este derecho”.
Al mismo tiempo, destacó que en los encuentros locales autoconvocados el agua y el medio ambiente figuran como temas esenciales.
