CHILE DEBE FIRMAR EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Organizaciones de derechos humanos y medioambientalistas nos hemos unido para exigir al gobierno de Chile la firma del Acuerdo de Escazú.

En el año 2012 en la reunión de Río + 20 Chile impulsó el Acuerdo de Escazú, el único tratado regional vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental.

Entre sus contenidos principales están:
● Garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales
● Garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano
● Derecho de acceso a la información ambiental
● Derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales
● Derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales

Chile lideró la creación del acuerdo y a fin de año será anfitrión de la conferencia ambiental más grande del mundo, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25); sin embargo, hoy el gobierno se niega a firmarlo bajo el argumento de que en Chile se cumplen los planteamientos del Acuerdo de Escazú y esto no es así.

En Chile existen 116 conflictos socio ambientales ( Mapa de conflictos socio ambientales INDH *) de los cuales, el 78% afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el 46% afecta el derecho a disfrutar de salud física y mental. El Acuerdo de Escazú es un pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados para todas y todos quienes a lo largo de Chile y de América Latina deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que deberían velar por su bienestar. Además, este es el primer acuerdo regional que busca garantizar la protección de los y las defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales , en una región en la que los líderes socio-ambientales se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones. Sólo el año 2018 fueron asesinadas 164 personas defensoras del medio ambiente en las Américas (según el reporte Enemigos del Estado de Global Witness ), mientras que en Chile están siendo investigados los casos de Macarena Valdés, Alejandro Castro, Juan Pablo Jiménez. Si bien el panorama es desolador, podemos tener mayores facultades de protección a nuestros líderes ambientales si se firma el Acuerdo de Escazú.

Por otra parte, las argumentaciones expresadas para restarse de la firma de este tratado adolecen de serias inconsistencias puesto que, en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos de acceso planteados en el Acuerdo de Escazú, si bien hay avances -al igual que en otros países-, todos y todas sabemos que todavía nos falta mucho por avanzar. Por lo demás, se trata de un acuerdo de piso, es decir se espera que desde ahí los países firmantes puedan avanzar y no retroceder, y que busca la implementación plena y efectiva del acceso a la información, participación y democracia ambiental.

En relación a lo que se ha expresado por el mismo presidente de la república respecto a que Bolivia podría llevarnos a una corte internacional por temas ambientales, el acuerdo en su párrafo 11 establece voluntad de cooperación en el fortalecimiento de sus capacidades, pero nunca habla de obligatoriedad y se definen muy claramente los campos en los que se espera dicha colaboración. Con respecto a cláusulas para la solución de controversias, las indicadas en este acuerdo son las mismas que señalan otros tratados, como por ejemplo el de Minamata . Por lo que si este fuera el motivo para no firmar, entonces deberíamos retirarnos de muchos otros acuerdos.

Por todo lo antes expuesto, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a que el gobierno de Chile sea coherente con sus compromisos y firme el Acuerdo de Escazú en la próxima Asamblea General de la ONU, este 26 de septiembre ; para así recibir la COP 25 dando una verdadera señal de voluntad política, liderazgo y compromiso con el medio ambiente, los derechos humanos y las personas que lo defienden.